Resumen: Al igual que se acordó en la STS 1237/2021, de 18 de octubre, se declara la nulidad del apartado segundo de la Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos. Y ello por apartarse del artículo 6 del Real Decreto 920/2017 en lo que atañe a la reducción del período de validez de las inspecciones realizadas tras las prórrogas previstas en el apartado primero de la Orden, así como por infracción del Derecho europeo. Considera el Alto Tribunal que la decisión de la Administración se sustenta exclusivamente en su voluntad. Y es que el Reglamento (UE) 698/2020 prorroga por siete meses la validez de las inspecciones que hubieran debido realizarse entre el 1 de febrero y el 31 de agosto de 2020 y somete a autorización de la Comisión Europea, a solicitud motivada del Estado afectado a presentar antes del 1 de agosto de 2020 su ampliación si después del 31 de agosto de 2020 fuera probable la inviabilidad de inspeccionar o de certificar. Pues bien, este Reglamento no contempla el acortamiento de los plazos de validez de los certificados de inspección de los vehículos revisados después de las prórrogas debidas a las circunstancias extraordinarias causadas por el COVID-19. Debieron, pues, prorrogarse los certificados de vehículos que, a causa de las medidas contra la pandemia, no pudieron ser inspeccionados cuando les correspondía.
Resumen: Despido disciplinario. La trabajadora demandante que había sido dada de baja por tener síntomas de COVID-19, lo que había comunicado a la empresa por wasap es despedida , impugna el despido solicitando la nulidad del mismo por vulneración de derechos fundamentales, discriminación por razón de enfermedad. Por el Juzgado de lo social se estima la demanda y se declara el despido nulo condenando a la empresa a una indemnización adicional por daños morales. Interpone recurso de Suplicación la empresa condena que es desestimado. Se argumenta por la Sala que por la trabajadora ha aportado indicios suficiente para acreditar que la empresa había procedido a despedir a la trabajador por padecer una enfermedad infecciosa altamente contagiosa lo que equipara a une enfermedad estigmatizante , los hecho ocurrieron en el mes siguiente a la declaración del estado de alarma, confirmado con ello la declaración de nulidad del despido.
Resumen: FOGASA. Demanda interesando el reintegro de prestaciones indebidas, cuando dichas prestaciones han sido percibidas en virtud de lo resuelto en sentencia firme que condenó al citado organismo a su pago, por mor de los efectos del silencio positivo, al no haber resuelto el FOGASA la petición de prestaciones formulada, transcurridos más de tres meses desde la petición. La resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del silencio positivo. Lo que pretende el FOGASA no es realmente revisar en perjuicio del beneficiario un acto administrativo declarativo de derechos al amparo del art 146 LRJS, sino dejar sin efecto una sentencia firme. Lo contrario supondría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, en su manifestación del derecho a la ejecución de las resoluciones firmes. Reitera doctrina de SSTS, Sala de lo Social, -Pleno-27/02/2019, (rec. 3597/2017); 16/03/202, (rec. 3937/2017); 16/09/2020 (rec. 4428/2017); 13/10/2020 (rec. 2038/2018) 27/01/2021 (rec. 4144/2019) y 05/05/2021 (rec. 145/2020), entre otras.
Resumen: PRIMERO.- El juzgado de lo social número tres de Donostia-San Sebastián ha dictado sentencia desestimatoria en un procedimiento de conflicto colectivo en el que el sindicato UGT impugnaba, con apoyo en el artículo artículo 34 RD Ley 8/2020, un ERTE por fuerza mayor tramitado por la empresa demandada ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU y aprobado por silencio administrativo positivo que había obtenido la suspensión por parte del Ayuntamiento de Irún de la contrata de OTA desde 17/03/2020 hasta 20/05/2020 por el estado de alarma Covid 19 declarado por el RD 463/2020.
